El Señor de Sipán, Huaca Rajada, las pirámides de Túcume, el bosque de Pómac, la ciudadela de Chan Chan, el Brujo, Huanchaco, las huacas del Sol y de la Luna. Todas esas maravillas forman parte de la Ruta Moche, aunque en nuestro país se les conozca mejor (o peor, más bien) por el desprestigio de las hoy peligrosas urbes de Lambayeque y La Libertad.
Cierto. Lo último que hemos sabido de estas zonas del norte tiene que ver con los secuestros y la delincuencia. Por ello, resulta loable el anuncio del Gobierno respecto a convertir a la Ruta Moche en el segundo destino turístico del país. Un anuncio nada politiquero, felizmente, pues se han destinado S/. 1,168 millones como garantía. La idea es conseguir que, este año, conozcan la Ruta por lo menos 160,000 turistas.
Luego -hasta 2012- se deberán implementar obras de agua y alcantarillado en el área, así como nuevas vías de conexión terrestre, más un terminal de buses. También tendrá que mejorarse la infraestructura de los servicios turísticos locales y potenciarse la lucha a favor de la seguridad ciudadana.
Según el Mincetur, las obras serán financiadas gracias a un esfuerzo que incluye al Ministerio de Vivienda, el MTC, los gobiernos regionales de Lambayeque y La Libertad y las alcaldías correspondientes.
¿Todo bien, entonces? Vale, pero habría que solicitar más detalle sobre las estrategias de la PNP en estos destinos, pues la seguridad es un punto neurálgico que ningún inversionista dejará pasar desapercibido con la mala fama que se han ganado los delincuentes allá.
No basta con que el ministro Martín Pérez haya viajado a Chiclayo y se haya reunido con el presidente regional, Luis Becerra, y con los candidatos a reemplazarlo en el puesto. La oferta arqueología-cultura-gastronomía-riqueza museográfica-buen clima solo despegará cuando se reduzcan al mínimo los índices de violencia en la zona.
En ese sentido, hay que destacar y promover iniciativas del sector privado como la concretada por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que desde hace algunos meses viene cooperando con el Ministerio del Interior, a través de la "Mesa de donantes".
La "Mesa de donantes" implica apoyar económicamente la implementación de unidades especializadas que previenen, reprimen e investigan la delincuencia en obras. Desde que Capeco se comprometiera en este aspecto con el Ministerio del Interior, en febrero pasado, la PNP ha realizado 900 detenciones y logrado una baja ostensible del número de casos de violencia de este tipo.
En buen cristiano, los empresarios del sector Construcción decidieron reemplazar el pago de cupos a las mafias que los amenazaban por la colaboración con la Policía y sus efectivos especializados.
Preguntémonos, en la Canatur, la SHP, AHORA Perú, Apavit, y demás gremios de la industria sin chimeneas, si tenemos la predisposición para hacer algo parecido.





